El Gobierno de Suecia anunció que impulsará una ley para aumentar de forma drástica las deportaciones de inmigrantes condenados por delitos. La propuesta establece que, como regla general, cualquier infracción cuya pena supere una multa deberá conllevar la expulsión del país.
El ministro de Migración, Johan Forssell, sostuvo que durante años “se ha sido demasiado indulgente con delincuentes extranjeros” y explicó que el proyecto obligará a los fiscales a solicitar la deportación como parte de la sentencia, en lugar de dejarlo a su criterio.
La iniciativa será remitida al Consejo de Legislación antes de su presentación al Parlamento, y el Ejecutivo espera que entre en vigor el 1 de septiembre. Según estimaciones oficiales, la nueva norma permitiría alrededor de 3.000 deportaciones anuales, seis veces más que el promedio actual de unas 500.
La medida se enmarca en la estrategia del gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, en el poder desde 2022 con el respaldo de los Demócratas de Suecia, para enfrentar el crimen organizado. El país nórdico arrastra más de una década de violencia vinculada a pandillas y narcotráfico; aunque los tiroteos mortales han disminuido, los ataques con explosivos han aumentado en los últimos años.
El Ejecutivo ya ha ampliado la facultad policial y endurecida las penas, además de proponer reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años como parte de su plan contra la delincuencia juvenil.