El Consejo de la Unión Europea aprobó este lunes 8 de diciembre un fuerte endurecimiento de su política migratoria al reformar el concepto de “tercer país seguro” y aprobar un nuevo Reglamento de Retorno, que abre la vía legal para crear centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario.
El acuerdo permitirá enviar a terceros países a migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y que cuenten con una orden de expulsión. Hasta ahora, era necesario demostrar una “conexión significativa” entre el migrante y el país al que sería devuelto. Con la nueva normativa, bastará con que la persona haya transitado por ese país, aunque no se haya detenido allí, o que exista un acuerdo bilateral entre el Estado miembro y un país tercero.
Esta es la primera base legal europea para establecer centros de retorno bajo convenios entre Estados miembros y países no comunitarios, siguiendo el modelo de Italia y Albania. España expresó su rechazo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió de “serias dudas jurídicas, políticas y económicas”, además del riesgo de deteriorar relaciones con socios clave.
El reglamento exige que los centros solo se establezcan en países que respeten los estándares internacionales de derechos humanos. Ni familias ni menores no acompañados podrán ser enviados a estas instalaciones. La UE también creará un mecanismo de supervisión, aún por definir.
Reforma del “tercer país seguro”
Los Estados miembros también aprobaron la reforma del concepto de “tercer país seguro”, que permite declarar inadmisible una solicitud de asilo si se considera que el migrante pudo obtener protección en un país no perteneciente a la UE.
Pese a las críticas de ONG como Amnistía Internacional, la UE publicó ya una primera lista de países considerados seguros: Colombia, Marruecos, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez.
Quienes apelen una decisión basada en este concepto ya no tendrán derecho automático a permanecer en la UE durante el proceso, aunque podrán pedirlo ante un tribunal.
España, Francia y Portugal votaron en contra, alegando riesgos políticos y jurídicos. Alemania apoyó la medida por considerarla “más pragmática” y compatible con las obligaciones internacionales.
Nuevas obligaciones y sanciones
El nuevo marco impondrá obligaciones a los migrantes en situación irregular, como identificarse ante las autoridades y entregar datos biométricos. La falta de cooperación podrá implicar la pérdida de ayudas, permisos de trabajo o sanciones penales.
Para quienes representen un riesgo para la seguridad, se contemplan prohibiciones de entrada superiores a diez años o incluso vetos indefinidos. Además, se creará una Orden Europea de Retorno, que unificará los datos en el Sistema de Información de Schengen.
Reubicaciones y fondo de solidaridad
La UE también aprobó la reubicación de 21.000 migrantes desde los países con mayor presión migratoria hacia otros Estados miembros, junto con un fondo de solidaridad de 420 millones de euros. La cifra es menor a la propuesta inicial de la Comisión Europea (30.000 reubicaciones y 600 millones).
Varias naciones —Austria, Chequia, Bulgaria, Croacia, Polonia y Estonia— podrán deducir total o parcialmente sus contribuciones debido a la presión acumulada en años previos.
Con información de EFE y medios locales.