El Ministerio Público apeló la absolución de 2023 y exige que ambas compañías sean declaradas responsables del homicidio involuntario de las 228 personas fallecidas en el accidente del Atlántico en 2009.
La Fiscalía General de Francia solicitó este miércoles 26 de noviembre una condena contra Airbus y Air France en el juicio de apelación por el accidente del vuelo AF447, que se estrelló en 2009 entre Río de Janeiro y París, causando la muerte de 228 personas.
Las dos empresas habían sido absueltas en abril de 2023 por el tribunal correccional de París, que reconoció “imprudencias” y “negligencias”, pero concluyó que no existía un “vínculo causal seguro” con el siniestro más letal en la historia de la aviación francesa.
“Pedimos la revocación de la absolución y que se dicte una sentencia condenatoria por homicidio involuntario”, afirmaron los fiscales generales durante su alegato, calificando de “indecente” la estrategia de defensa de ambas compañías en esta fase de apelación.
El origen del accidente: fallo de las sondas Pitot
El 1 de junio de 2009, un Airbus A330 que volaba de Río hacia París cayó al Atlántico pocas horas después de despegar. A bordo viajaban 216 pasajeros y 12 miembros de la tripulación de 33 nacionalidades.
Las cajas negras confirmaron que la congelación de las sondas de velocidad Pitot provocó lecturas erróneas en cabina. Esa información equivocada llevó a los pilotos a tomar decisiones incorrectas, lo que terminó con el avión estrellándose a unos mil kilómetros de las costas brasileñas.
La acusación sostiene que Airbus subestimó los fallos recurrentes en las sondas y que Air France no preparó adecuadamente a sus pilotos para enfrentar un escenario de pérdida de velocidad en condiciones climáticas extremas.
Empresas insisten en su inocencia
Durante el proceso, las compañías —representadas por la directora ejecutiva de Air France, Anne Rigail, y el presidente de Airbus, Guillaume Faury— expresaron sus condolencias a los familiares, pero rechazaron toda responsabilidad, atribuyendo el desastre a una “concatenación de circunstancias desafortunadas”.
La Fiscalía pide ahora una condena por homicidio involuntario, cuya multa máxima para personas jurídicas asciende a 225.000 euros.
“Una condena así devolverá lo humano al centro de nuestras preocupaciones y debe servir como advertencia”, afirmó el fiscal general Rodolphe Juy-Birmann, junto a su colega Agnès Labreuil.
Los familiares de las víctimas —principalmente franceses (72), brasileños (58) y alemanes (26)— esperan que esta apelación permita finalmente responsabilizar a las dos empresas y cerrar un duelo que ya lleva más de 15 años.