Cientos de mujeres volvieron este sábado 15 de junio a protestar en Brasil contra el proyecto legislativo que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo con el delito de homicidio. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mostró, finalmente, su postura al señalar que está contra el aborto, pero tildó de «locura» el proyecto de ley por «querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que el criminal que comete la violación».
Cientos de mujeres volvieron este sábado a las calles de Sao Paulo, en Brasil, contra el proyecto de ley que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de gestación con el delito de homicidio, incluido en casos de violación.
Es la segunda manifestación en los últimos tres días en la capital paulista contra la propuesta patrocinada por un grupo de diputados ultraconservadores, varios de ellos del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.
Como el pasado jueves, medio centenar de instituciones y colectivos feministas se concentraron en la Avenida Paulista, una de las principales arterias de São Paulo, y recorrieron el centro de la que es la mayor ciudad de Brasil.
Vestidas con pañuelos verdes, las manifestantes clamaron contra el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, después de que el pleno aprobara, por mayoría y en una votación exprés, discutir el proyecto con carácter de urgencia para acelerar su trámite parlamentario.
El grito más repetido en estas protestas, que días atrás se repitieron en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades, es «Criança não é mãe» (Una niña no es una madre).
Con él quieren denunciar el alto índice de embarazos de adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con el citado proyecto, que responde a las demandas de los movimientos evangélicos más conservadores.
Según datos del sistema público de salud brasileño, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en Brasil, de los que dos son de gestantes de entre 10 y 14 años.
En este marco, el texto plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 22 semanas.
De salir adelante, con el aval de la Cámara de Diputados y el Senado, el aborto en esas condiciones, incluidos aquellos producto de una violación, sería castigado como un «homicidio simple», tipificado en Brasil con penas que varían entre 6 y 20 años de prisión.
Así, las mujeres víctimas de violación que aborten con casi 6 meses de gestación tendrían penas mayores que sus agresores, cuyo castigo oscila entre 6 y 12 años de cárcel.
Lula dice que el aborto «es una realidad»
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó de «locura» la propuesta, reconoció que el aborto es «una realidad» y pidió abordarlo «como una cuestión de salud pública».
En Brasil, el aborto solo es permitido en los casos de violación, malformación cerebral del feto (anencefalia) y si el embarazo pone en riesgo la vida de la madre.
En esos tres casos no hay un plazo máximo para su realización. Fuera de esos tres escenarios está penado con entre uno y diez años de cárcel, dependiendo si se realiza con o sin el consentimiento de la mujer.
Lula, que acaba de finalizar su viaje a Italia con motivo de la cumbre del G7, se posicionó personalmente «en contra el aborto», pero condenó el hecho de «querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que el criminal que comete la violación», como propone el proyecto.
Lula se mostró convencido de que «lo que ya existe en la ley garantiza una actuación civilizada» en el país sobre este asunto, «tratando al violador con rigor y con respeto a las víctimas».
Esta es la primera manifestación de Lula desde que el Congreso aprobó debatir con carácter de urgencia el proyecto que plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 22 semanas.
Es que, paradójicamente, el violador pagaría una pena más baja. El artículo 213 del Código Penal prevé que la condena mínima es de seis años cuando la víctima es mayor de edad, pero puede llegar a los 10 años.
“Muchas víctimas de violencia sexual solo consiguen darse cuenta de que están embarazadas, especialmente las niñas y las adolescentes, cuando ya están en una fase avanzada del embarazo porque ni siquiera pueden entender la violencia por la que pasaron. Este proyecto termina imponiendo más tiempo de prisión a la víctima de la violación que al violador», destaca la diputada Sâmia Bomfim.
«Entonces, la Justicia brasileña le está diciendo a la víctima: no basta con que hayas sido violada, no basta con que te hayas quedado embarazada después de la violación, seguirás encarcelada durante 20 años. En cuanto a su violador, si es identificado, irá a prisión por ocho o 10 años”, añade.
EFE y Reuters