En los últimos días, hemos sido testigos de cómo las noticias sobre los relojes Rolex de la Presidenta Dina Boluarte han acaparado la atención. Es preocupante que una líder que proviene del sector público, con varios años de experiencia en la Reniec, posea una colección de joyas tan valiosa, que exhibe en las principales ceremonias a las que asiste. Esto es aún más inquietante debido al desbalance patrimonial evidente que no concuerda con sus ingresos declarados, lo cual representa un riesgo significativo en nuestro país, especialmente después de que la corrupción política con la empresa Odebrecht saltara a los titulares.
Resulta alarmante observar que en todas las instituciones de justicia peruanas existen personajes altamente cuestionados. Por ejemplo, resulta inexplicable que, tras destaparse el caso Odebrecht, se formara un grupo de fiscales especiales anticorrupción que, en primer lugar, firmara un acuerdo de colaboración con la empresa implicada. Este acuerdo tenía como objetivo que Odebrecht revelara las empresas y personas involucradas en el desfalco al estado mediante la sobrevaloración de diferentes proyectos. Sin embargo, desde que se destaparon estos casos de corrupción, no hemos visto a nadie sentenciado en la cárcel por sus fechorías, lo que sugiere un evidente mal funcionamiento del sistema judicial y grandes indicios de corrupción en nuestra justicia.
El gobierno de Fujimori había vetado previamente a Odebrecht para que no operara en el Perú, lo que indica que ya existían indicios de su comportamiento corrupto. Sin embargo, cuando el gobierno de Fujimori cayó, fue en gran parte debido a la movilización liderada por Alejandro Toledo, financiada por George Soros, que organizó protestas en todo el país hasta que Fujimori dimitió. Desafortunadamente, junto a Toledo, surgieron personajes siniestros como Fernando Olivera y Gustavo Gorriti, quienes posteriormente causaron un gran daño al Perú.
Al asumir la presidencia, Toledo permitió la entrada de Odebrecht al país tras gestiones de Fernando Olivera con la Contraloría para eliminar el veto impuesto anteriormente. Esto marcó el inicio de un gran saqueo al país a través de obras públicas sobrevaloradas y corrupción generalizada. Además, durante su mandato, Toledo se asoció con personajes cuestionables como García Sayan, quien facilitó la entrada de terroristas y permitió indemnizaciones cuestionables.
La situación empeoró con el tiempo, ya que Gustavo Gorriti, manteniéndose como periodista, recibió financiamiento externo para su ONG de IDL, que a su vez protegía a Alejandro Toledo de las acusaciones de corrupción. Es desalentador ver cómo personajes implicados en casos de coimas por parte de Odebrecht, como Vizcarra, incluso participan en campañas electorales.
El problema fundamental en el Perú radica en una casta política enquistada que opera en función de su beneficio personal. A pesar de los esfuerzos de Fujimori por reducir la corrupción, el cáncer de la corrupción se propagó desde el gobierno de Toledo, que reintegró a empleados públicos previamente despedidos, lo que deterioró el funcionamiento del Estado. Actualmente, vemos un aparato estatal descompuesto con personas ingresando por favoritismos, relaciones sexuales o amistades, incluso eligiendo los puestos que desean, lo cual es inaceptable en una democracia como la nuestra.
Recientemente, han surgido líderes mundiales como Bukele y Milei, que representan un ejemplo de cómo se debe gobernar. Sin embargo, en el Perú, aún esperamos la aparición de un líder similar que desafíe el sistema corrupto existente y enfrente a la minoría corrupta que controla el aparato estatal. Lamentablemente, la batalla cultural contra la izquierda no se ha librado de manera efectiva, como lo demuestra la presencia de un presidente vinculado al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, lo que ha llevado al debilitamiento de las instituciones y al desvío de normas establecidas para beneficio personal.
Cuando la población carece de conocimiento político, es más fácil para los líderes corruptos gobernar mientras se benefician de la corrupción. Esto se refleja en la ignorancia de la juventud sobre la situación política actual, lo que permite que los líderes corruptos manipulen la situación a su favor. Es esencial una reforma profunda y una mayor conciencia política para combatir esta corrupción arraigada en nuestro país.