El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios, a quienes acusa de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas en territorio estadounidense. En respuesta, el Gobierno de México anunció que presentará un reclamo diplomático ante Washington por la forma en que se dio a conocer el caso.
La acusación fue formulada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que imputó a un total de diez personas por presunta participación en el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Señalamientos y rechazo de los acusados
Según los documentos judiciales, Rocha Moya habría mantenido vínculos con los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán —conocidos como “Los Chapitos”—, quienes supuestamente lo habrían favorecido en su campaña electoral de 2021 mediante actos de intimidación contra sus rivales.
La imputación también alcanza al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y al senador Enrique Inzunza Cázarez. No obstante, el gobernador rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará que “carecen de veracidad y fundamento”, atribuyéndolas a motivaciones políticas dirigidas a afectar al oficialismo.
México cuestiona falta de pruebas
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México confirmó haber recibido solicitudes de detención provisional, aunque precisó que la información remitida no contiene elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los implicados.
La Cancillería anunció además el envío de una nota diplomática a Estados Unidos, al considerar que la difusión pública del caso podría haber vulnerado disposiciones de confidencialidad previstas en los acuerdos bilaterales.
Respuesta de Estados Unidos e investigación en curso
En tanto, la embajada estadounidense en México respaldó la actuación judicial y señaló que, aunque no puede pronunciarse sobre detalles específicos, las autoridades del país investigarán y procesarán casos de corrupción vinculados al crimen organizado siempre que exista jurisdicción.
“La corrupción que facilita el crimen organizado y afecta a ambos países será perseguida en todos los casos aplicables”, indicó la representación diplomática, al reiterar que la lucha contra la delincuencia transnacional es una prioridad compartida.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de una investigación interna para determinar si existen pruebas que sustenten las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
El vocero del organismo, Ulises Lara López, informó que se recopilará toda la información necesaria para evaluar si el caso cuenta con base legal suficiente para eventuales órdenes de aprehensión en territorio mexicano.
El caso abre un nuevo frente de tensión diplomática entre ambos países y pone bajo escrutinio a autoridades de alto nivel en uno de los estados más golpeados por el narcotráfico en México.