El mandatario salvadoreño respondió a las críticas de su homólogo colombiano sobre el sistema penitenciario en su país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió este martes (07.04.2026) a las declaraciones de su par colombiano, Gustavo Petro, y le propuso trasladar a Colombia al “100 %” de la población carcelaria salvadoreña, incluidos los denominados presos políticos.
“Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estamos ante una situación que no admite matices, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana”, escribió Bukele en un mensaje publicado en la red social X.
El jefe de Estado añadió que, en ese contexto, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado de todos los reclusos, “incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere contrario a su política del ‘amor y la vida’”.
Bukele subrayó que la condición sería que el traslado abarque a la totalidad de los detenidos. “Si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo preso que permanezca allí sería inaceptable”, afirmó, al tiempo que calificó la propuesta como una “oportunidad histórica” para consolidar el legado de Petro en materia de derechos humanos.
Asimismo, recordó que ya había planteado una iniciativa similar a la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton tras críticas previas al sistema penitenciario salvadoreño.
Petro: “campos de concentración”
El lunes, Petro sostuvo que las cárceles de El Salvador —donde, según afirmó, hay personas inocentes detenidas— funcionan como “campos de concentración de población civil” y denunció que miles de jóvenes están siendo “condenados a una muerte en vida”.
El país centroamericano se mantiene bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, medida que ha derivado en más de 91.000 detenciones. El propio Bukele ha reconocido que al menos 8.000 de esos detenidos serían inocentes.
En este contexto, marcado por la suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, organizaciones de derechos humanos han documentado más de 6.400 denuncias por presuntas violaciones y al menos 512 muertes bajo custodia estatal.
Recientemente, un panel de juristas internacionales presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la ONU, en el que advierte que en El Salvador podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad.