Un megaoperativo liderado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dejó al descubierto un sofisticado sistema de ocultamiento de objetos prohibidos en el penal de Lurigancho. Durante la intervención se hallaron drogas, armas, municiones y otros artículos ilícitos escondidos en paredes y ductos de desagüe, espacios diseñados para evadir las requisas convencionales.
La operación se desarrolló en los pabellones 5 y 10, sectores previamente identificados por informes de seguridad. A diferencia de inspecciones habituales, la intervención incluyó una revisión estructural de muros, cavidades y sistemas sanitarios, lo que permitió confirmar el uso de estos ambientes como escondites para actividades ilícitas. La magnitud del decomiso evidenció serias fallas en los controles internos y reforzó la necesidad de operativos con mayor alcance técnico.
El despliegue contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura; el ministro de Defensa, César Díaz; y la presidenta encargada del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Shadia Valdez. Según informaron las autoridades, el decomiso incluyó también armas blancas y paquetes de cigarrillos, elementos que vulneran el régimen penitenciario vigente.
Las autoridades advirtieron que este tipo de objetos facilita la comisión de delitos desde el interior del establecimiento. Por ello, tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades. La información recabada durante la requisa servirá como insumo para las diligencias fiscales y para identificar posibles redes internas de apoyo.
El titular del sector Justicia subrayó que los centros penitenciarios no pueden convertirse en plataformas del crimen. En ese sentido, afirmó que la política del Ejecutivo apunta a cortar los canales que permiten a organizaciones delictivas operar desde prisión, mediante el ingreso de armas, drogas o sistemas de comunicación no autorizados.