La Fiscalía de la Nación oficializó este martes 6 de enero la desactivación de los equipos especiales Lava Jato, Eficcop, Eficavip y Cuellos Blancos del Puerto, mediante resoluciones publicadas en El Peruano. La medida, anunciada previamente por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez Villegas, generó reacciones inmediatas por su impacto en investigaciones emblemáticas de corrupción.
La decisión dispone el retiro de los coordinadores de estos equipos y el traslado de las investigaciones a subsistemas especializados del Ministerio Público, bajo el argumento de “unificar la persecución penal” y evitar la dispersión de casos.
Cambio de estrategia
A través de cuatro resoluciones, Gálvez justificó la reorganización en la necesidad de fortalecer los subsistemas de Lavado de Activos, Corrupción de Funcionarios y Derechos Humanos. La fecha de la oficialización no pasó desapercibida: el fiscal interino ironizó que se realizaría en la “Bajada de Reyes”, al afirmar que estos equipos “se han creído reyes” y que “no han dado resultados”, atribuyéndoles escenarios de encubrimiento, impunidad y persecución.
Según las resoluciones, la reestructuración permitirá optimizar el uso del personal fiscal y administrativo y garantizar la continuidad de los procesos bajo un mando unificado. Para ello, se ordenó la eliminación de las coordinaciones y la reasignación de fiscales, trabajadores y cargas procesales a las fiscalías especializadas correspondientes.
Reasignaciones, casos y críticas
El Equipo Especial Lava Jato fue desactivado mediante la Resolución N.º 007-2026-MP-FN, que cesó en la coordinación al fiscal superior Rafael Vela Barba y dispuso que sus 97 carpetas fiscales sean transferidas al Subsistema Especializado en Delitos de Lavado de Activos. En tanto, la Resolución N.º 008-2026-MP-FN puso fin al Eficcop, cuyos casos pasarán a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Por su parte, la Resolución N.º 006-2026-MP-FN desactivó el equipo Cuellos Blancos del Puerto y retiró de la coordinación a Alfonso Barrenechea Cabrera, quien será reasignado a una fiscalía de prevención del delito. Finalmente, el Eficavip, encargado de investigar las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023, fue absorbido por las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.
Antes de la oficialización, Rafael Vela advirtió que la disolución de los equipos especiales sería una “ofrenda a la corrupción”, mientras que el fiscal José Domingo Pérez cuestionó un presunto adelanto de opinión por parte del fiscal interino y alertó sobre posibles afectaciones a los casos emblemáticos en curso.