El presidente boliviano Rodrigo Paz enfrentó su primer gran desafío al eliminar el subsidio a los combustibles, vigente por casi 20 años, en el marco de una declaración de “emergencia económica y social”. “Bolivia está enferma, la arrasaron como en la guerra”, afirmó para justificar una medida que busca contener una crisis marcada por déficit fiscal, falta de dólares y reservas internacionales agotadas.
Durante casi dos décadas, la gasolina y el diésel se mantuvieron en US$ 0,53 por litro, un anclaje que costaba al Estado unos US$ 2.000 millones anuales. Con el decreto, la gasolina especial sube a US$ 1, la premium a US$ 1,58 y el diésel a US$ 1,40 por litro, al menos por seis meses. El anuncio provocó largas filas en las estaciones de servicio ante la inminente alza.
Para amortiguar el impacto social, Paz anunció un aumento del 20 % del salario mínimo, que pasa a US$ 474 mensuales, y mantuvo el precio del gas licuado. Sin embargo, la medida desató críticas incluso dentro de su entorno político. Su vicepresidente, Edman Lara, rechazó el decreto y advirtió que generará más pobreza, desempleo e inflación. En la misma línea, el expresidente Evo Morales calificó la decisión de “improvisada” y alertó sobre un alza generalizada de precios, ya visible en el transporte público.
En contraste, Estados Unidos respaldó el plan. El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió las reformas económicas y el programa de repatriación de capitales impulsado por Paz, y anunció gestiones para promover inversiones. Aunque el Gobierno descarta recurrir al FMI, confirmó contactos con Washington en busca de apoyo financiero y abrió la puerta a la inversión extranjera en el sector del litio.
Con información de Reuters y EFE.