Migrantes de Ucrania, Afganist\u00e1n, Cuba, Hait\u00ed, Nicaragua y Venezuela, junto con organizaciones humanitarias, demandaron a la Administraci\u00f3n Trump por eliminar los programas de ‘parole humanitario’, que les permiti\u00f3 vivir legalmente en EE. UU. La demanda, una de las primeras contra las pol\u00edticas migratorias del nuevo Gobierno, busca proteger a m\u00e1s de 530.000 personas. Washington advirti\u00f3 que el beneficio expirar\u00e1 el 24 de abril.<\/p>\n\n\n\n
Un giro esperado. A finales de febrero de este a\u00f1o, un grupo de ciudadanos y migrantes en Estados Unidos present\u00f3 una demanda contra la Administraci\u00f3n de Donald Trump por la eliminaci\u00f3n de un mecanismo legal utilizado durante d\u00e9cadas para permitir la entrada temporal de personas provenientes de pa\u00edses en conflicto o con crisis pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n
Ocho migrantes de Afganist\u00e1n, Ucrania, Venezuela, Cuba y Nicaragua, junto con la organizaci\u00f3n Haitian Bridge Alliance, lideran la demanda contra la eliminaci\u00f3n de tres programas clave. Entre ellos, Unidos por Ucrania, que permiti\u00f3 la llegada de 200.000 ucranianos afectados por la guerra; el Proceso de permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicarag\u00fcenses y venezolanos (CHNV), conocido como ‘parole humanitario’, que facilit\u00f3 la entrada de m\u00e1s de 531.000 personas; y la Operaci\u00f3n Allies Welcome, que brind\u00f3 refugio a 75.000 afganos tras la retirada de las tropas estadounidenses en 2021.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la demanda incluye a tres ciudadanos estadounidenses que patrocinaron a migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Argumentan que la cancelaci\u00f3n de estos programas impacta no solo a los beneficiarios, sino tambi\u00e9n a comunidades enteras dentro de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n
El ‘parole’, implementado bajo la Administraci\u00f3n de Joe Biden, buscaba dar v\u00edas legales a miles de migrantes que intentan llegar hacia Estados Unidos y que no cumplen los requisitos para obtener una visa o ser admitidos formalmente en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El \u00abparole humanitario\u00bb ha permitido a los nacionales de ciertos pa\u00edses residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos. Para acceder al programa, ten\u00edan que tener el patrocinio de alguien que residiera legalmente en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Pero desde su llegada al poder, Trump endureci\u00f3 las pol\u00edticas migratorias, cerrando rutas legales y cumpliendo su promesa de campa\u00f1a de aumentar las deportaciones de quienes se encuentran en el pa\u00eds sin permiso.<\/p>\n\n\n\n
El salvavidas del ‘parole’<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl ‘parole’ humanitario ha sido un salvavidas en un sistema que de otro modo ser\u00eda casi imposible para quienes buscan reunirse de forma segura con sus seres queridos o familiares en Estados Unidos\u201d, declar\u00f3 en un comunicado Anwen Hughes, directora de Estrategia Legal de Programas para Refugiados de Human Rights First.<\/p>\n\n\n\n
Entre los demandantes hay migrantes que ingresaron legalmente antes de que el Gobierno pusiera fin a estos programas, bajo el argumento de que se estaba haciendo un \u201cuso generalizado y abusivo\u201d de la medida. La Administraci\u00f3n de Trump tambi\u00e9n detuvo la tramitaci\u00f3n de solicitudes de asilo, visas y otras v\u00edas que podr\u00edan haberles permitido extender su estad\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo podemos permitir que la Administraci\u00f3n Trump nos quite una de las \u00faltimas v\u00edas viables para la seguridad en este pa\u00eds; una que ha demostrado ser mutuamente beneficiosa para los patrocinadores, los beneficiarios y sus comunidades\u201d, agreg\u00f3 Hughes.<\/p>\n\n\n\n
Por temor a represalias, ninguno de los demandantes ha sido identificado con su nombre real. Entre ellos est\u00e1n Maksym y Maria Doe, una pareja ucraniana; Alejandro Doe, quien huy\u00f3 de Nicaragua tras la detenci\u00f3n y tortura de su padre; y Omar Doe, un afgano que trabaj\u00f3 durante m\u00e1s de 18 a\u00f1os luch\u00f3 con el Ej\u00e9rcito estadounidense en su pa\u00eds natal.<\/p>\n\n\n\n
La demanda se\u00f1ala que Alejandro, Armando, Ana y Carlos huyeron de Nicaragua tras la tortura de un familiar a manos del Estado y la posterior persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n
El documento narra el caso de Alejandro Doe, un nicarag\u00fcense que ahora reside en Gainesville, Georgia. Seg\u00fan cita, escap\u00f3 de Nicaragua despu\u00e9s de que su padre fuera secuestrado y torturado por el Gobierno. Ingres\u00f3 a EE. UU. en julio de 2024 con el apoyo de un primo, ciudadano estadounidense, que actu\u00f3 como su patrocinador.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEstos individuos confiaron en que el Gobierno de EE. UU. les brindar\u00eda protecci\u00f3n. Esperaron pacientemente una v\u00eda legal, pero ahora se les ha negado injustamente esa oportunidad\u00bb, se\u00f1ala la demanda.<\/p>\n\n\n\n
En entrevista con France 24, el abogado venezolano Jacinto Vazquez reiter\u00f3:<\/p>\n\n\n\n
\u201clos que vinieron por este programa de ‘parole humanitario’ son de pa\u00edses donde las personas huyen, no porque quieren, no porque desean conocer Estados Unidos, sino porque en sus pa\u00edses se presenta una crisis humanitaria, una crisis pol\u00edtica o de guerra, como Ucrania\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La decisi\u00f3n de poner fin a las protecciones temporales para estos migrantes ha generado escasa respuesta entre los republicanos. Solo tres congresistas cubanoestadounidenses de Florida han expresado preocupaci\u00f3n, pidiendo que los afectados no sean deportados.<\/p>\n\n\n\n
Una de ellas, la representante Mar\u00eda Salazar, de Miami, fue m\u00e1s all\u00e1 y respald\u00f3 un proyecto de ley junto a unos 200 legisladores dem\u00f3cratas. La propuesta busca otorgar residencia permanente legal a quienes se ver\u00edan afectados por la medida.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSu estatus legal dentro de los Estados Unidos est\u00e1 en riesgo porque no podr\u00eda renovar el permiso de trabajo para continuar su vida cotidiana aqu\u00ed\u201d, agreg\u00f3 el abogado Vazquez.<\/p>\n\n\n\n
Juez considera \u201ctodos los elementos del caso\u201d<\/p>\n\n\n\n
El lunes 24 de marzo se llev\u00f3 a cabo en Boston, Massachusetts, la audiencia preliminar de la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n
Adela de la Torre, subdirectora de Justice Action Center, organizaci\u00f3n que respalda la demanda, se mostr\u00f3 optimista tras la audiencia. Seg\u00fan explic\u00f3, la jueza federal Indira Talwani escuch\u00f3 los argumentos de ambas partes y formul\u00f3 algunas preguntas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa jueza est\u00e1 considerando todos los elementos del caso\u201d, afirm\u00f3 en un video publicado en redes sociales. De la Torre se\u00f1al\u00f3 que en los pr\u00f3ximos d\u00edas se conocer\u00e1 si el tribunal conceder\u00e1 una protecci\u00f3n temporal a los afectados.<\/p>\n\n\n\n
Pero el DHS advirti\u00f3 que quienes est\u00e9n bajo el ‘parole’ o protegidos por este programa, pero no tengan una base legal para permanecer en EE.UU. \u201cdeben partir\u201d antes de que expire su permiso. \u201cEl ‘parole’ es, por naturaleza, temporal y no constituye una v\u00eda para obtener un estatus migratorio\u201d, se\u00f1al\u00f3 la agencia.<\/p>\n\n\n\n
El abogado Vazquez reiter\u00f3 que \u201cno todas las personas que han entrado a este pa\u00eds son criminales. No todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua. No todos los centroamericanos son personas que pertenecen a maras o a grupos que van contra los derechos de las personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La medida, que ha generado inquietud entre la comunidad migrante, fue anunciada en un documento oficial del DHS y entrar\u00e1 en vigor el 24 de abril, 30 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n oficial.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstamos profundamente preocupados por la terminaci\u00f3n de estos incre\u00edbles programas que realmente mantienen unidas a nuestras familias, que permiten a los patrocinadores con sede en Estados Unidos acoger a personas que huyen de situaciones peligrosas en el extranjero\u201d, afirm\u00f3 Karen Tumlin, fundadora y directora de la ONG Justice Action Center.<\/p>\n\n\n\n
La demanda nombra como acusados al presidente de EE. UU., Donald Trump; a Kristi Noem, secretar\u00eda de Seguridad Nacional; a Caleb Vitello, director interino de ICE; a Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza (CBP); y a Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadan\u00eda e Inmigraci\u00f3n (USCIS).<\/p>\n\n\n\n
\u201cElla (jueza) indic\u00f3 que podr\u00eda decidir r\u00e1pidamente sobre nuestra solicitud de emergencia para el alivio, algo que se llama una orden de restricci\u00f3n temporal. Sabremos cuando ella decida, y sin duda le actualizaremos aqu\u00ed. Estaremos de vuelta en Boston para otra audiencia ante este juez el 7 de abril\u201d, agreg\u00f3 en redes sociales Tumlin.<\/p>\n\n\n\n
Los demandantes critican que, mientras el Gobierno elimin\u00f3 estos programas de ‘libertad’ migratoria, argumentando su ilegalidad, tambi\u00e9n bloque\u00f3 el acceso a otros mecanismos de alivio migratorio que el Congreso hab\u00eda garantizado.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, acusan al Departamento de Seguridad Nacional de endurecer las medidas para acelerar la deportaci\u00f3n de quienes se beneficiaban de estos permisos. La demanda, presentada el 28 de febrero, cuenta con el respaldo legal de Justice Action Center y Human Rights First.<\/p>\n\n\n\n
Trump ha defendido su plan de deportaci\u00f3n masiva alegando razones de seguridad nacional, control de fronteras y protecci\u00f3n para los ciudadanos estadounidenses. Desde su campa\u00f1a electoral, ha asegurado que llevar\u00e1 a cabo \u00abla operaci\u00f3n de deportaci\u00f3n m\u00e1s grande en la historia de Estados Unidos.\u00bb<\/p>\n\n\n\n
\u201cNo hay ninguna raz\u00f3n l\u00f3gica para que la Administraci\u00f3n quiera eliminar los permisos humanitarios cuando han demostrado ser tan exitosos una y otra vez. Mis beneficiarios y yo cumplimos con todas las normas establecidas por el Gobierno estadounidense, incluyendo un riguroso proceso de solicitud y verificaci\u00f3n. Ahora, el Gobierno nos est\u00e1 dando la espalda y cambiando las normas\u201d, declar\u00f3 el demandante Kyle Varner, de Washington.<\/p>\n\n\n\n
\u201cRevocar estos procesos de permisos humanitarios perjudicar\u00e1 enormemente las econom\u00edas locales y aumentar\u00e1 la grave escasez de mano de obra, especialmente en comunidades como la m\u00eda, que han acogido a beneficiarios\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
El abogado Vazquez agrega que \u201chay varios estados que tambi\u00e9n se est\u00e1n sumando. Sucedi\u00f3 con la demanda del TPS, (Estatus de Protecci\u00f3n Temporal) y hay m\u00e1s de 15 estados que se han sumado a estas demandas, entonces van en progreso\u201d.<\/p>\n\n\n\n
TPS y otras demandas en curso<\/p>\n\n\n\n
Un juez federal decidir\u00e1 si tiene la autoridad para abordar un caso que afecta a cientos de miles de venezolanos que podr\u00edan perder sus protecciones contra la deportaci\u00f3n en menos de dos semanas.<\/p>\n\n\n\n
La Administraci\u00f3n Trump anul\u00f3 una extensi\u00f3n de otro beneficio migratorio, el Estatus de Protecci\u00f3n Temporal (TPS), para los venezolanos, que hab\u00eda sido otorgado por el entonces jefe de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, d\u00edas antes de la toma de posesi\u00f3n de Trump. Si la revocaci\u00f3n permanece, aproximadamente 350.000 venezolanos perder\u00edan su capacidad para trabajar y ser\u00edan deportables a partir del 2 de abril.<\/p>\n\n\n\n
La demanda, presentada en San Francisco por siete ciudadanos venezolanos, sostiene que la decisi\u00f3n de Trump es ilegal y motivada por intereses pol\u00edticos y sesgo racial. Junto con la Alianza Nacional del TPS, exigen el restablecimiento de la extensi\u00f3n del TPS para los venezolanos afectados.<\/p>\n\n\n\n
El juez federal Edward M. Chen, quien supervisa el caso, bloque\u00f3 previamente el intento de Trump de eliminar el TPS para migrantes de El Salvador, Nicaragua, Hait\u00ed y Sud\u00e1n en 2018, aunque su fallo fue revocado en apelaciones dos a\u00f1os despu\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
La autoridad de libertad o ‘parole’ fue establecida en 1952 y ha sido utilizada tanto por presidentes republicanos como dem\u00f3cratas para admitir a personas que no pueden acceder a las rutas de migraci\u00f3n tradicionales, ya sea por restricciones de tiempo o porque su pa\u00eds de origen no tiene relaciones diplom\u00e1ticas con EE.UU.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de este mecanismo, los migrantes eran admitidos por \u00abrazones humanitarias urgentes o por un beneficio p\u00fablico significativo\u00bb. Mientras permanecen en el pa\u00eds, se les permite trabajar mientras buscan una forma legal de quedarse.<\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, en 2014, el Gobierno de Barack Obama implement\u00f3 el Programa de Menores Centroamericanos (CAM) como una respuesta a la crisis de ni\u00f1os y adolescentes migrantes no acompa\u00f1ados de El Salvador, Guatemala y Honduras.<\/p>\n\n\n\n
Este programa permit\u00eda a padres o tutores legales residentes en EE. UU. solicitar que sus familiares menores de 21 a\u00f1os y otros familiares elegibles de estos pa\u00edses fueran considerados para asilo o, en su defecto, para un permiso humanitario temporal.<\/p>\n\n\n\n
Guerline Jozef, directora ejecutiva y fundadora de la organizaci\u00f3n demandante Haitian Bridge Alliance, afirm\u00f3 que \u201cparece que el caos y la crueldad son el punto clave, y que esto tiene consecuencias reales y devastadoras para quienes intentan huir legalmente de la persecuci\u00f3n o reunirse con sus familias en Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Con AP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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