C\u00e9sar C\u00e1rdenas y Wilfredo Pedraza, exjefes del Instituto Nacional Penitenciario, cuestionan el decreto aprobado en Consejo de Ministros<\/p>\n\n\n\n
La promulgaci\u00f3n del Decreto Legislativo N.\u00ba 1710 ha marcado un punto de inflexi\u00f3n en la administraci\u00f3n penitenciaria del Per\u00fa. El Gobierno del presidente Jos\u00e9 Jer\u00ed dispuso la disoluci\u00f3n del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la creaci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocializaci\u00f3n (SUNIR), una nueva entidad que integra al propio INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) y al Programa Nacional para la Prevenci\u00f3n y Reinserci\u00f3n Social (PRONAPRES), todos bajo la rector\u00eda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
La medida es presentada por el Ejecutivo como parte de una reforma integral orientada a enfrentar la profunda crisis del sistema penitenciario, marcada por el hacinamiento, la corrupci\u00f3n, las fugas, las extorsiones y el avance del crimen organizado desde los centros de reclusi\u00f3n. No obstante, la pertinencia y el impacto real de esta transformaci\u00f3n han generado cuestionamientos entre especialistas y exfuncionarios del sector.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el decreto, la SUNIR asumir\u00e1 la administraci\u00f3n de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles, la ejecuci\u00f3n de medidas alternativas a la privaci\u00f3n de libertad y el seguimiento postpenitenciario de las personas excarceladas. La nueva entidad contar\u00e1 con autonom\u00eda administrativa, funcional y financiera, aunque no presupuestal, ya que toda iniciativa de construcci\u00f3n o mejora de infraestructura continuar\u00e1 supeditada a la aprobaci\u00f3n del Ministerio de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Entre sus atribuciones tambi\u00e9n figuran la gesti\u00f3n de la seguridad interna y externa de los penales, la formaci\u00f3n del personal penitenciario y la articulaci\u00f3n con el sector privado y la sociedad civil en los procesos de tratamiento y reinserci\u00f3n social. El decreto elimina el Consejo Nacional Penitenciario y concentra el mando en un jefe de Superintendencia, quien deber\u00e1 acreditar al menos diez a\u00f1os de experiencia general y cinco en cargos directivos. Asimismo, se habilita la designaci\u00f3n de militares o polic\u00edas en situaci\u00f3n de retiro como altos funcionarios y se exige una experiencia m\u00ednima de diez a\u00f1os para quienes asuman la direcci\u00f3n de un establecimiento penitenciario.<\/p>\n\n\n\n
El proceso de transici\u00f3n tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas h\u00e1biles, prorrogables por treinta d\u00edas calendario, periodo en el que una Comisi\u00f3n de Transferencia se encargar\u00e1 del inventario y traslado de bienes, personal y recursos. Durante esta etapa, el Ministerio de Justicia podr\u00e1 contratar empresas privadas para el control del ingreso de visitas y bienes en los penales y centros juveniles.<\/p>\n\n\n\n
Pese al anuncio de una reforma estructural, exjefes del INPE han puesto en duda el verdadero alcance de la medida. En declaraciones a Latina, C\u00e9sar C\u00e1rdenas sostuvo que el decreto carece de un enfoque sustantivo de cambio. \u201cNo existe ning\u00fan tipo de reforma. \u00bfCu\u00e1l es la propuesta de rehabilitaci\u00f3n social que est\u00e1n planteando realizar a prop\u00f3sito de esta reforma? El decreto legislativo no la menciona\u201d, afirm\u00f3. A su juicio, la SUNIR se limita a una fusi\u00f3n administrativa sin modificar los modelos de gesti\u00f3n, los mecanismos operativos ni los programas de resocializaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
C\u00e1rdenas tambi\u00e9n advirti\u00f3 que la nueva entidad no contar\u00e1 con una autonom\u00eda econ\u00f3mica real y que las restricciones presupuestarias actuales se mantendr\u00e1n intactas. \u201cCon las limitaciones que tiene el INPE y el PRONACEJ, con esas mismas limitaciones va a funcionar la SUNIR, porque as\u00ed lo establece la norma\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En la misma l\u00ednea, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior y exjefe del INPE, consider\u00f3 que la reforma no fortalece al sistema penitenciario, sino que lo debilita. Cuestion\u00f3 la rapidez con la que se pretende implementar el cambio institucional y plante\u00f3 la conveniencia de postergar su entrada en vigencia. \u201cLo m\u00e1s razonable ser\u00eda que se posponga su aplicaci\u00f3n hasta que el pr\u00f3ximo gobierno decida si la implementa o no\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n
Ambos especialistas coincidieron en se\u00f1alar la ausencia de medidas concretas para enfrentar los problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento, el d\u00e9ficit de infraestructura y la escasez de personal especializado. Seg\u00fan C\u00e1rdenas, los programas de rehabilitaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n mencionados en el decreto ya exist\u00edan en el INPE, por lo que la creaci\u00f3n de la SUNIR no supondr\u00eda una innovaci\u00f3n real en el enfoque de resocializaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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