Foro de la Cámara de Comercio de Lima alerta sobre trabas a la formalización y el avance del oro ilegal
En el II Foro de Informalidad “Perú Formal: Retos y soluciones para un futuro competitivo”, organizado por la Comisión de Competitividad de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), especialistas nacionales e internacionales advirtieron que la informalidad se ha convertido en una amenaza estructural para la competitividad y el desarrollo del país.
La presidenta de la comisión, Marisol León, afirmó que la informalidad es hoy una “trampa de baja productividad” que ya no puede interpretarse como emprendimiento, sino como pobreza productiva institucionalizada. “Debemos desromantizar esta narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable”, enfatizó.
Según cifras oficiales, el 71% de la población ocupada trabaja de manera informal, principalmente en actividades de subsistencia sin acceso a crédito, tecnología ni protección social. Su productividad es entre seis y once veces menor que la del sector formal, lo que perpetúa la desigualdad y restringe el crecimiento.
León destacó que el comercio es el sector más golpeado: concentra el 33% de los negocios informales, con una incidencia superior al 86%. En total, 8.2 millones de unidades productivas operan al margen de la formalidad —5.5 millones no agropecuarias— y más del 52% son lideradas por mujeres.
Entre las principales barreras, señaló que formalizar un negocio puede tomar hasta 71 días y costar entre S/ 500 y S/ 1,500, el equivalente al 20%–30% del capital inicial. A ello se suman 380 horas anuales para cumplir obligaciones administrativas. “Si queremos un país más formal, debemos rediseñar las reglas pensando en el comercio, con trámites simples, rápidos y proporcionales al tamaño del negocio”, sostuvo.
El avance del oro ilegal
El foro también alertó sobre el crecimiento de las exportaciones de oro ilegal, que convierten al Perú en el principal exportador informal de Sudamérica, con una participación del 44%. Para 2025, las exportaciones sin trazabilidad podrían alcanzar los US$ 12,000 millones, cifra similar a los envíos formales del metal.
Los especialistas advirtieron que esta actividad criminal implica contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial, y que el oro fluye sin control hacia mercados como Dubái, Suiza, India y Estados Unidos ante la ausencia de un sistema robusto de trazabilidad. La pérdida fiscal supera los S/ 7,500 millones anuales.
También cuestionaron la continuidad del REINFO, señalando que solo el 2% de los 8,000 inscritos logró formalizarse y que el registro se ha convertido en un “salvoconducto” que limita las intervenciones frente a operadores ilegales. Propusieron eliminarlo y restablecer una ley específica para la pequeña minería y la minería artesanal.
Impacto ambiental y urgencia de reformas
El foro destacó el grave daño ambiental causado por la minería ilegal. Solo en Madre de Dios se han perdido más de 30,000 hectáreas de bosque primario en tres años, mientras que Loreto, Ucayali y Huánuco enfrentan procesos similares de degradación y afectación a comunidades locales.
En contraste, la minería formal aporta el 9% del PBI, genera más de 238,000 empleos formales y transfirió más de S/ 8,000 millones en canon y regalías el último año. Sin embargo, también sufre invasiones, extorsiones y paralización de proyectos por falta de control territorial.
El evento concluyó con un llamado a cerrar brechas regulatorias, reformar el REINFO, implementar trazabilidad obligatoria para el oro y simplificar la formalización empresarial. “El Perú no puede seguir siendo dos países: uno que cumple la ley y otro que opera al margen de ella”, señalaron los expertos.